La inflación médica privada para 2026 se proyecta entre 12 y 14 por ciento, cifra que representa casi el triple que la general, situada en un 4.5 por ciento.
Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, calificó la situación como un problema estructural que requiere atención inmediata.
Al ser las aseguradoras el último eslabón en la cadena de pago, la escalada de precios en insumos, honorarios y servicios hospitalarios impacta directamente en la siniestralidad de las compañías, obligándolas a buscar estrategias de contención de costos con otros actores del ecosistema sanitario.
“Las aseguradoras, siendo los últimos que pagamos, tienen que cubrir una siniestralidad más alta que la que originalmente pudiera estar contemplada. Por ello nos hemos acercado a los distintos elementos que forman el sistema de salud, como los hospitales privados, para ver cómo le hacemos para tratar de contener costos”, señaló durante la edición 35 de la Convención de Aseguradores.
Pedro Pacheco, presidente de la AMIS, subrayó que este fenómeno no es exclusivo del ámbito privado, sino que representa un desafío crítico para la viabilidad financiera del sector público.
El directivo señaló que el encarecimiento está intrínsecamente ligado a la modernización de los tratamientos y equipos médicos.
“Es uno de los retos más grandes, pero no sólo para el sector privado en los seguros, sino también para el sector público. La parte de la salud es un reto enorme y tiene muchas aristas. Es de los temas prioritarios en AMIS”.
Esta presión inflacionaria es el telón de fondo de la discusión sobre la iniciativa en materia de gastos médicos que fue aplazada recientemente en el Congreso de la Unión.
El sector asegurador mantiene un interés particular en que cualquier reforma sea analizada bajo criterios de sostenibilidad financiera y técnica.
Rosas reconoció que existe una preocupación legítima por parte de los legisladores ante la posibilidad de que este sector de la población quede desprotegido debido a primas excesivas en una etapa de la vida donde ya no se cuenta con ingresos laborales activos.
Sin embargo, la directiva advirtió que las soluciones deben ser equilibradas para no romper el principio de mutualidad que sostiene al seguro.
El aplazamiento de la reforma en el Congreso permite, según la AMIS, profundizar en el diálogo para encontrar mecanismos que reduzcan costos sin comprometer la solvencia del sistema ni perjudicar a otros segmentos de asegurados.
“Es una preocupación real y el sector empieza a ofrecer estas coberturas con precios accesibles. Algunas propuestas no son viables, técnicamente, porque dañarían la mutualidad, que tampoco se trata de afectar a los jóvenes por atender a los mayores o cargar completamente el costo”, puntualizó la directora de la AMIS.
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