Pese al dinamismo en la ocupación, el fantasma de la precariedad ganó terreno el año pasado: de los 60.4 millones de personas ocupadas en el país, 33 millones se encuentran atrapadas en la informalidad, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Así, la tasa de informalidad laboral escaló al 54.6% al cierre de diciembre, lo que representa un incremento de 0.9 puntos porcentuales respecto al 53.7% registrado en el mismo periodo de 2024.
En términos llanos, en apenas 12 meses, el ejército de trabajadores sin prestaciones ni seguridad social sumó a 1.2 millones de personas.
“Hoy, el país tiene más personas trabajando sin prestaciones que en esquemas formales. Este incremento nos recuerda que, mientras el país genera empleo, aún enfrentamos el reto de que ese empleo sea formal, digno y con protección social”, advirtió Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México.
Se requieren un millón de empleos formales
Si bien la tasa de informalidad ha mostrado niveles superiores en el pasado —como el 56.5% registrado en 2021 derivado de los estragos de la pandemia—, la cifra actual de 33 millones de personas refleja un estancamiento en la capacidad del país para absorber a la población que se incorpora cada año al mercado de trabajo bajo condiciones de ley.
Para la directiva de ManpowerGroup, el diagnóstico es claro: el ritmo de creación de plazas formales es insuficiente frente a la presión demográfica y económica.
“Anualmente deberíamos crear más de un millón de empleos formales. Aún no llegamos a ese ritmo. Si queremos un mercado laboral competitivo y sostenible, necesitamos acelerar la transición hacia trabajos formales”, subrayó Robles.
Para revertir esta tendencia, Robles enfatizó que la solución no vendrá de la inercia, sino de políticas que fomenten la confianza del capital privado.
“La única forma de avanzar hacia un mercado laboral más sólido es atraer y facilitar la inversión. Las empresas requieren certidumbre, claridad regulatoria y seguridad para planear a largo plazo”, concluyó la especialista.
A medida que inicia 2026, el reto para el sector público y privado será convertir esos 33 millones de voluntades productivas en empleos que cuenten con el respaldo de la ley, garantizando que el crecimiento económico se traduzca, finalmente, en bienestar social.
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