La política de inclusión financiera incorpora acciones para robustecer los esquemas de prevención y protección de los usuarios, incentivar la transparencia en los productos y servicios, mejorar la atención en la contratación y gestión, así como fortalece los esquemas para la seguridad de las operaciones, aseguró Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, el secretario dejó en claro que el hecho de que la población cuente con un instrumento financiero y lo utilice representa “el primer paso”.
Sin embargo, admitió que además de que se enfrentan retos en la materia, existe la desconfianza de la población en el sistema financiero, incluso dijo entre las que ya hacen uso de alguno de los productos.
“Es importante reconocer que aún existe desconfianza en el sistema financiero, incluso entre la población que ya cuenta con alguno de sus productos”.
Por ello, comentó que la confianza es un habilitador esencial para que la inclusión financiera contribuya al bienestar y al bienestar financiero en particular.
“Para que las personas hagan uso pleno de sus servicios requerimos que estén seguras al utilizar los canales sean físicos o digitales y conozcan plenamente sus derechos”, precisó el funcionario.
Papel primordial
El titular de Hacienda, adelantó que el gobierno tiene como prioridad la consolidación de un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad.
De ahí que la inclusión financiera en el país tiene un papel primordial, al permitir que las personas y empresas construyan un ahorro y un patrimonio, realicen pagos y cobros con seguridad, se preparen para su futuro y cubran alguna eventualidad o emergencia y puedan aprovechar oportunidades para su crecimiento y desarrollo.
“Estas medidas buscan contribuir a mejorar la percepción de las y los usuarios sobre la confiabilidad del sistema, para lo cual hemos establecido metas muy específicas dentro de la política”, agregó.
Recordó que cuatro de cada 10 personas realizan pagos por transferencias mientras que otros segmentos el acceso a productos como el crédito o un seguro es limitado.
En línea con el proyecto de nación, subrayó Édgar Amador Zamora, el gobierno busca construir un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro, donde los productos y servicios respondan a las necesidades de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en situación e vulnerabilidad o que hayan enfrentado rezagos históricos “que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera”.
La Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, contiene cuatro objetivos primordiales
Que las personas y las empresas cuenten con un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro, y hagan uso de productos y servicios financieros formales y útiles, que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida e impulsen su desarrollo y crecimiento, es la meta de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030
Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) y secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, dijo que esta nueva política de inclusión tiene cuatro objetivos:
- Promover el ahorro formal y de largo plazo,
- Fortalecer el acceso al financiamiento formal,
- Incrementar la adopción y frecuencia del uso de medios de pagos diferentes al efectivo,
- Impulsar la oferta y contrataciones de seguros de productos y servicios especializados.
Cabe mencionar que la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, busca que las mujeres, las poblaciones excluidas, y las empresas de menor tamaño participen en los beneficios del sistema financiero.
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