La Asociación de Bancos de México (ABM) celebró la prórroga de 45 días otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, postergando las sanciones por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Sin embargo, esta “muy buena noticia”, como la calificó la ABM, oculta una creciente crisis reputacional que ya está costando a las instituciones bancarias la pérdida de clientes, a pesar de la ausencia de una “corrida financiera”.
La extensión, que aplaza la entrada en vigor de las restricciones para operar con instituciones financieras en Estados Unidos hasta el 4 de septiembre, fue resultado de la colaboración entre la ABM y la Secretaría de Hacienda.
Emilio Romano, presidente de la ABM, enfatizó que esta medida es de carácter administrativo y no implica una comprobación fehaciente de las acusaciones de lavado de dinero.
“Hoy por hoy se trata de una medida administrativa en donde la autoridad americana considera que se dieron estas actividades y como tal ordena que se suspendan transacciones, pero de ninguna manera ha quedado fehacientemente comprobado, porque esto no ha llevado todavía un proceso judicial para poder agotar pruebas”, explicó Romano.
Fuga de clientes
A pesar de la insistencia de la ABM en la solidez del sistema financiero mexicano y la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para los ahorradores, la sombra de la duda que proyectan los señalamientos de Estados Unidos está teniendo un impacto tangible.
Si bien no se ha registrado una corrida financiera a nivel sistémico, fuentes cercanas a las instituciones bancarias y reportes extraoficiales indican que numerosos clientes, tanto individuales como corporativos, han comenzado a retirar sus fondos o a reducir significativamente sus operaciones con los bancos señalados, buscando refugio en otras entidades que consideran menos expuestas al escrutinio internacional.
Esta situación subraya que, aunque las acusaciones no hayan sido probadas judicialmente, el daño reputacional ya está cobrando factura.
La confianza, un pilar fundamental en la industria bancaria, se ve erosionada ante la percepción pública de posibles irregularidades, incluso si estas no han sido demostradas en un tribunal.
Sistema bajo escrutinio
Romano reiteró la fortaleza de la legislación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero y aseguró que, a dos semanas de las acusaciones del Tesoro estadounidense, no ha habido ninguna disrupción significativa en el sistema bancario.
Atribuyó esta estabilidad al hecho de que las tres instituciones representan una pequeña porción de los activos totales del sistema.
Además, aclaró que, según la información proporcionada por autoridades de ambos países, no hay más bancos mexicanos bajo investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero.
“Nosotros tenemos la mejor legislación que puede tener un país si en parte la administración de estos riesgos; los bancos tenemos equipos que se dedican a rastrear operaciones sospechosas o que tienen un patrón inusual y lo tenemos que reportar”.
Sin embargo, la prórroga y las declaraciones de la ABM, aunque buscan transmitir calma, no logran disipar completamente las preocupaciones.
La situación actual pone de manifiesto el delicado equilibrio entre la protección de las instituciones y la percepción pública, un desafío que el sector bancario mexicano deberá enfrentar para recuperar plenamente la confianza de sus clientes.
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