El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía mexicana crezca 1.6% este 2024, por debajo de su pronóstico previo de 2.2 por ciento.
Para el 2025 anticipa un crecimiento de 1.3% también por debajo de la previsión anterior de 1.6 por ciento.
“La actividad se está desacelerando. A pesar de una postura fiscal expansiva, el crecimiento se está desacelerando a alrededor del 1.5 por ciento este año, en parte debido a restricciones de capacidad vinculante y una postura de política monetaria restrictiva”, dijo el organismo internacional.
En los resultados del Cápitulo IV, que es una revisión que hacen los expertos del FMI a la economía mexicana, se advierte que los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja, mientras que los riesgos de inflación siguen siendo al alza.
“Un crecimiento más débil de lo esperado en Estados Unidos, un aumento de la aversión al riesgo global y los efectos imprevistos de las recientes reformas institucionales podrían afectar el PIB”.
El FMI recomendó que se necesita una estrategia fiscal de mediano plazo para reducir los déficits y la deuda, aumentar los ingresos fiscales y crear espacio fiscal para las inversiones en capital humano y físico.
Para ello, abundó, sería necesario poner en marcha una reforma fiscal integral al comienzo de la nueva administración, que reduzca de manera duradera el déficit fiscal y, al mismo tiempo, priorice cuidadosamente el gasto público y reduzca las desigualdades en el sistema de pensiones.
También son prioridades importantes abordar los desequilibrios entre el presupuesto federal y Pemex y mejorar la gobernanza corporativa de esta última.
Incertidumbre
Sobre la reforma al poder judicial señala que crean importantes incertidumbres sobre la eficacia de la ejecución de los contratos y la previsibilidad del estado de derecho.
El reemplazo de jueces en los distintos niveles del poder judicial durante el próximo año crea una nueva fuente de incertidumbre que puede afectar las decisiones de inversión privada.
“Es fundamental que esta reforma se implemente de una manera clara y predecible que garantice la independencia y el profesionalismo del poder judicial y fortalezca el estado de derecho. La base de referencia actual del personal no incorpora los posibles obstáculos derivados de estas incertidumbres”.
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