El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó 20 iniciativas de reforma a la Constitución, las cuales deberán ser analizadas, discutidas y -en su caso, aprobadas- por el Congreso de la Unión.

En un mensaje desde Palacio Nacional, el presidente argumentó que los derechos ganados “gracias a la lucha de Reforma y de la Revolución fueron perdiendo vigencia, en tanto que se restablecieron fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político”.

Por ello, 1983 a 2018 toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría viciosa y rapaz.

“México era un país de unos cuantos, y para ellos el pueblo no existía, por eso la gente cansada de tanto abuso y desprecio apoyó el actual movimiento de transformación», expresó el mandatario.

Al explicar el motivo del paquete de reformas a la Constitución, dijo que se trata de modificar reformas aprobadas durante el periodo neoliberal.

“Doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos en el periodo neoliberal o nepoporfirista”.

Estos son los 20 puntos que López Obrador delineó:

  1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México.
  2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
  3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
  4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
  5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
  6. Prohibir el maltrato a los animales.
  7. Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, prohibir el maíz transgénico; no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
  8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
  9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
  10. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.

  11. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.
  12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón. Porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario.

Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1º de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.

  1. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forman o capacitan.
  2. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida..
  1. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga.
  2. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares.

Se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.

  1. Reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y con 128 legisladores, como ocurre ahora. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuesto por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
  2. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos.
  3. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República.
  4. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.

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